Una posible implicación de esta medida en la política y la evaluación es la rentabilidad. Supongamos, por ejemplo, que pretendemos implantar el cribado selectivo de una enfermedad en una población de abonados sanitarios que reciben atención rutinaria. La norma actual de atención sanitaria es esperar a que el paciente presente síntomas de la enfermedad en la clínica; sin embargo, el tratamiento en este punto suele tener una baja tasa de éxito, muchas complicaciones y un alto coste. La razón de ser del cribado es ofrecer un tratamiento más oportuno, menos invasivo y más exitoso a un coste comparable.
Si se identifica a un paciente como verdadero positivo, no sólo debe someterse a tratamiento, sino que su mayor supervivencia requiere que esté en tratamiento durante más tiempo, y los individuos que habrían muerto de otra enfermedad antes de ser sintomáticos se someten a un tratamiento innecesario para la enfermedad. El coste del programa de cribado debe incorporar los costes del tratamiento de los identificados con la enfermedad.